Hace unos días, para ser más exacto el día 04 de Julio del presente año, el Diario La República hizo una publicación respecto a las acusaciones que hace algún tiempo se hicieron en contra de varios sacerdotes, entre los cuales se encontraban: Monseñor Daniel Turley Murphy, OSA; Monseñor José Astigárraga y el R.P. Francisco Muguiro que durante varias décadas trabajan en la zona norte del Perú defendiendo a la persona humana y al medio ambiente que es nuestra casa común y no la propiedad de los gobiernos de turno o grupos de poder que ahora se encuentran empeñados en explotar los recursos minerales y petroleros, en lugar de apostar por otras actividades económicas que con seguridad demandan algo más de inversión, trabajo y tiempo en su realización, pero que sin duda son sostenibles y generan mayor bienestar a las poblaciones nativas de las zonas de influencia.
Aludo al gobierno de turno porque precisamente, hace varios meses la infeliz expresión de "falsos cristos" fue utilizada por el Presidente de la República, Alán García Pérez con ocasión de condenar la defensa que algunos sacerdotes hacían a las comunidades nativas y poblaciones cercanas a los yacimientos mineros y a las zonas de exploración petrolera. Sin embargo, lo que casi no se difundió fué la exhortación realizada por la Iglesia Católica y por estos sacerdotes en particular, para que se invite a los representantes de las comunidades para conocer sus opiniones y posiciones antes de decidir sobre el desarrollo de estas actividades extractivas.
Ahora pende sobre el R.P. Mario Bertolini una sentencia por la presunta comisión de los delitos de entorpecimiento de los servicios públicos e instigación a la rebelión, lo que naturalmente termina por preocuparme ya que no existen medios razonables para atribuirle la comisión de tales delitos al R.P. Mario Bertolini.
El gobierno en la actualidad se encuentra empeñado en formular acusaciones penales en contra de quienes defendemos a las comunidades y al medio ambiente, lo que jurídicamente se constituye en un ilícito penal del que sí podrían ser acusados quienes ahora buscan acusarnos de instigadores, antisistema o lo que es peor, subversivos. Cuando lo único que hacemos es defender a la persona humana y a la creación en concordancia con lo prescrito en las Sagradas Escrituras y en el Magisterio de la Iglesia, así como en la normatividad vigente en nuestro país.
En realidad, me preocupa mucho apreciar como las normas y los órganos de administración de justicia puedan verse utilizados de acuerdo a los intereses y propósitos de los grupos de poder y de la clases gobernantes del país. Por lo que exhorto a los magistrados que se avocarán al conocimiento de los procesos en los que se encuentren involucrados sacerdotes y religiosos como implicados en la presunta comisión de delitos contra la seguridad del Estado, a actuar con objetividad, imparcialidad y sobretodo con la independencia de la que se encuentran premunidos.
Finalizo este artículo, expresando mi rotundo rechazo e indignación por los intentos de persecución política a quienes desde hace varias décadas viven trabajando y compartiendo la historia y el sufrimiento de los peruanos del norte de nuestro país. Así mismo, reitero mi cerrada defensa a Monseñor Daniel a quien tengo el privilegio de conocer desde hace casi dos décadas, tiempo en el que sólo lo he visto como un hombre de fe, de esperanza, de diálogo y sobretodo de una profunda preocupación por quienes se encuentran postergados y olvidados por los régimenes de turno.
¡No a la persecución política de quienes sólo defienden a la persona humana y al medio ambiente que es nuestra casa común!
Ricardo Rivas Pizarro.
Consultor Ambiental.
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