Desde hace unos años, algunos
magistrados (jueces y fiscales) de nuestro país vienen intentando administrar
justicia conforme a lo regulado por nuestro ordenamiento jurídico y cautelando
el debido proceso, así como el derecho de defensa que todo imputado tiene, situación
que contrasta radicalmente con lo que hace casi un año se terminó por descubrir
gracias a una labor sistemática de interceptaciones telefónicas solicitadas por
un fiscal en el marco de las investigaciones que viene llevando a cabo a raíz
de un sonado caso de lavado de activos donde está involucrado un partido
político y sus principales dirigentes: “Fuerza Popular”. En estas
interceptaciones telefónicas se pudo poner en evidencia las serias implicaciones
en delitos graves de personas estrechamente vinculadas con la administración de
justicia: Jueces, Fiscales, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura
(Actualmente desactivado).
Debido a las actuales y complejas
circunstancias, tengo que individualizar a los magistrados que vienen llevando
a cabo tan delicada y denodada labor, e incido en individualizarlos no con el
ánimo de ensalzarlos de un modo gratuito, sino de reconocer y valorar todo el
trabajo que vienen desarrollando en circunstancias que no sólo ponen en peligro
sus vidas, sino la de sus familiares más cercanos, y no porque se estén
enfrentando a un caso de alto riesgo e inminente peligro como las que generaron
en su momento la mafia siciliana o
los grandes carteles de Colombia, pero que sin embargo, por las características
y peculiaridades de los implicados, sí representan un potencial peligro para
sus vidas y de sus familiares más cercanos. La pregunta entonces sería: ¿Corren peligro quienes vienen administrando justicia en los casos donde se encuentran involucrados personas influyentes y poderosas?. Para responder a esta pregunta no hace falta ser criminólogo o especialista en medicina legal, ya que en nuestro medio, por menos le quitan la vida a una persona, pero volviendo a lo que estamos abordando, los procesos que se han impulsado contra algunos políticos, magistrados y empresarios ciertamente ponen en riesgo a quienes se encuentran a cargo de las diligencias, razón por la que se debería garantizar en un sentido el amplio su seguridad y la de sus familiares más cercanos.
Frente a lo descrito con
anterioridad, es menester señalar que los medios de comunicación si bien es
cierto cumplen con su rol de informar a la ciudadanía, también ponen en una
situación de vulnerabilidad e inminente exposición a quienes vienen llevando a
cabo las diversas diligencias y audiencias con excesivo celo, profesionalismo,
objetividad e imparcialidad. Siendo así, el magistrado que encarna la legalidad
y justicia no siempre terminará siendo aplaudido y reconocido por las
expresiones y manifestaciones de poder, más aún, si se tiene en cuenta que
muchos grupos de poder formal y fáctico vienen siendo expuestos e implicados,
como por ejemplo funcionarios del poder judicial o legislativo, que en
contubernio con los ex magistrados del CNM solían designar o ratificar a
algunos magistrados que obviamente terminaban defendiendo sus intereses e
ignorando los legítimos intereses de los justiciables que acuden al órgano jurisdiccional en espera de
obtener tutela jurisdiccional efectiva.
Si los exmagistrados César
Hinostroza Pariachi y Walter Ríos nos llenaron de repudio, indignación y
desconfianza hacia nuestro sistema de administración de justicia, los magistrados Richard Concepción Carhuancho y José Domingo Pérez Gómez nos están
devolviendo la confianza y esperanza en nuestro sistema de administración de
justicia que aún cuenta con operadores del derecho serios, independientes e
imparciales, lo que señalo desde mi óptica de ciudadano y jurista, pero también
es de entender que existe un sector que no está de acuerdo con los dictámenes y
diligencias llevadas a cabo por estos dos funcionarios de la administración de
justicia en el Perú, por lo que no podemos dejar de estar atentos y vigilantes
a lo que seguirá sucediendo en los próximos días, meses y años respecto a la
lucha contra el crimen organizado y a los diversos niveles de corrupción
existentes en nuestro país, y que lamentablemente seguirán operando y concretizando diversos actos de corrupción.
Ricardo Rivas Pizarro.
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