Han transcurrido apenas nueve
días desde que el profesor José Pedro Castillo Terrones asumió oficialmente la
conducción de nuestro país (Perú), y no han cesado las voces, planes e iniciativas
para sacarlo de la presidencia, empleando para ello diversos calificativos que
van desde lo más jocoso a lo absurdo, y ello no es por su inexperiencia,
incompetencia, ausencia de simpatía o auténtica sintonía con las reales
necesidades de la población, sino porque se trata de un representante de
izquierda, y lo que es peor aún, por su procedencia que en esta ocasión sirvió
para sacarnos la venda de los ojos como país y entender que no hemos dejado de
ser racistas, clasistas y elitistas, a pesar de que hace muy poco cumplimos 200
años de independencia.
Con toda seguridad habrán voces
que discrepen conmigo y sin lugar a dudas, afirmarán que soy subjetivo o que me
rehúso a reconocer lo que la realidad expresa en nuestro país, pero sí no puedo
dejar de señalar que ciertamente hay un sector importante de la población que
se encuentra preocupada, alarmada y frustrada con el inicio del presente
régimen, pero no porque sus necesidades no se encuentren satisfechas, sino
debido a la agresiva campaña intimidatoria emprendida por la derecha en nuestro
país, quienes aún hoy siguen propalando que el gobierno de turno expropiará los
bienes de la población, estatizará las empresas de inversión extranjera o
instaurará el comunismo que para los entendidos y conocedores de la realidad
social y mundial no existe más que en la mente de quienes se aferran a la idea
de que el actual sistema económico es el único que puede revertir la dramática
situación por la que venimos atravesando.
Y lo que es ciertamente
censurable es que ahora con el propósito de ser aceptados y por supuesto
apoyados por la población han iniciado una campaña agresiva proclamándose ser
los defensores de la democracia e institucionalidad, defensa que resulta
ridícula desde el momento en que la derecha rehusó reconocer los resultados de
las últimas elecciones generales, y que luego emprendió una estrategia de impugnaciones
de los resultados con la única finalidad de postergar innecesariamente la proclamación
del candidato ganador con las consecuencias que ya todos vamos viendo y
viviendo.
Cuando uno analiza el comportamiento e iniciativas que emprendió la derecha en estos días puede darse cuenta de manera inequívoca que lo que defienden sólo se encuentra enmarcado en la permanencia del actual sistema económico amparado por la Constitución de 1992, la misma que cercena demasiado la participación del Estado en materia económica, dejando el manejo de generación de empleos y de inversión propiamente dicha en manos del sector privado que a la luz de lo estudiado en las últimas décadas respecto a lo que sucedió no sólo en nuestro país, sino en la mayoría de países latinoamericanos no hemos tenido un resultado favorable en términos de empleabilidad, desarrollo y bienestar para los ciudadanos, sino que tan sólo hemos logrado maquillar las duras condiciones de vida de la mayoría de ciudadanos.
El presente régimen está empezando con algunos errores en la designación de sus principales cuadros para dirigir las diversas carteras ministeriales y otros altos cargos en la función pública y ello no hace más que abonarle a quienes buscan por todos los medios vacarlo o por lo menos evitar que consiga implementar las diversas medidas anunciadas durante su primer discurso a la nación, por lo que dependerá mucho de lo que realice el ejecutivo y el presidente de la República en los siguientes días y semanas para saber si aún podemos encaminar a nuestro país hacia la recuperación de la economía y a la inmunización de nuestra población, o ciertamente estamos condenados a hundirnos en la miseria y en el desgobierno propiciado no por quien ganó las elecciones, sino por una egoísta e insensible oposición que no deja de pensar en la forma como el poder y el dinero que visualizaban obtenido se les diluyó como agua en las manos de un niño.
Ricardo Rivas Pizarro.
