Hoy en día la sociedad peruana
como la gran mayoría de sociedades latinoamericanas han perdido la confianza en
las instituciones públicas que precisamente existen para estar al servicio del
ciudadano. Esta es una realidad incuestionable y bastante preocupante, y esta
situación de desconcierto y pesimismo generalizado tiene naturalmente una explicación,
que la brindaré no de forma retórica o científica por lo mismo que mi
pretensión es que sea entendido y asimilado por quienes generosamente nos
otorgan su atención y tiempo al repasar nuestras personales apreciaciones, para
lo cual tomo como ejemplo a Carlos, un niño de once años que acaba de iniciar
la educación secundaria que tomó el hábito de molestar y hostigar a sus
compañeros de aula, frente a lo cual como es previsible la maestra intentó
corregirlo de manera infructuosa, por lo que se vio obligada a llamar a la
madre de familia con la finalidad de informarle lo que venía ocurriendo con su
menor hijo, la madre como era de esperarse sólo se limitó a disculparse por la
inconducta de su hijo ante la maestra, una vez que Carlos llegó a casa fue
“reprendido” de una forma poco eficaz y firme por su padre, quien una vez
estando ya a solas con su esposa, le dijo: “Que estaba bien que Carlos no se
dejé sorprender ni asustar por su maestra y menos aún por sus compañeros”. Lo
preocupante es que estos incidentes o situaciones domésticas son cada vez más
frecuentes y reiterativos en todos los planteles del país, donde se ha quitado autoridad a los
maestros y directores de los diferentes planteles o centros de estudios por un
lado, mientras que por otro lado, los padres de familia de los alumnos como
Carlos, han empezado a adoptar otro tipo de actitudes y comportamientos frente
a las normas y reglas que debieran aplicarse en el interior de las
instituciones educativas.
Émile Durkheim a finales de siglo
XIX, sostuvo que la sociedad es la encargada de integrar a los individuos que
la forman y de regular sus conductas a partir del establecimiento de normas.
Postulado que hoy en día siguen vigentes, pero que sin embargo, no llegan a ser
plenamente aplicados ni siquiera por quienes son los responsables de generarla
(parlamento), pero regresando al caso que nos ocupa. Si un niño como Carlos con
el correr del tiempo, llega a ser funcionario público o autoridad es de
esperarse que sólo actúe como el propio sistema, del que es parte la familia,
lo permitió, es decir, inobservando las normas de convivencia social e
ignorando el ordenamiento jurídico que rige un país, con las consecuencias que
ya todos conocemos por el mismo hecho de habernos constituido en meros espectadores silenciosos de todo cuanto
sucede a diario en nuestras instituciones y organismos tutelares.
La anomia como expresión social, es la degradación y desaparición
progresiva de las normas que se entiende deben regir en una sociedad, o
expresado en términos más ortodoxos, es la inobservancia del contrato social
establecido entre el Estado y el individuo.
La corrupción como fenómeno
social evidentemente tiene varias aristas y motivaciones, pero siempre
llegaremos a concluir que existen personas con el ánimo de corromper gracias a
la existencia de otra persona pasible de ser corrompida, de lo, cual colegimos
que si buscamos que un funcionario público inobserve o relativice lo
establecido por la norma, es porque existirá una recompensa o retribución a
cambio de su ilegal proceder.
Ya para finalizar, en estos días
se están llevando a cabo las reuniones de las comisiones y constitución y
justicia en el Congreso peruano de los cuatro proyectos de reforma presentados
por el poder ejecutivo, en tres de los proyectos presentados ya se han logrado
aprobar los dictámenes en las respectivas comisiones, pero con modificaciones
realizadas por la bancada que tiene mayoría relativa en el Congreso, las
modificaciones son referidas a las condiciones y requisitos que deberían tener
quienes postulan a la Junta Nacional de Justicia, así como a Diputados y
Senadores, lo que nos va demostrando que también existen otro tipo de intereses
al momento de legislar, omitiendo lo que realmente necesitan la ciudadanía y el
país en este momento donde todos deberíamos estar empeñados en contar con
instituciones y organismos tutelares pulcros y constituidos por personas no
sólo ampliamente calificadas, sino libres de cuestionamientos e intereses
subalternos.
Ricardo Rivas Pizarro.
