Las políticas públicas son
aquellas que necesariamente son implementadas por el Estado para garantizar el
bienestar de los ciudadanos en un determinado periodo de gobierno. No obstante
ello, cuando un país vive un periodo de inestabilidad política por efectos de
la polarización de la ciudadanía, convulsión política, crisis económica o
política, resultado de un proceso de corrupción y desestructuración
institucional, entre otras razones, las políticas públicas terminan siendo
afectadas sustantivamente o lo que es igual a afirmar, la ciudadanía no es
atendida apropiadamente por lo mismo que el Estado a través de sus diferentes
niveles de gobierno está más ocupado en resolver los problemas coyunturales que
aquejan a los diferentes niveles de la sociedad. Siendo así, las políticas
públicas que deben ser implementadas, atendidas y mejoradas pasan a un segundo
plano, con lo que también, pasa a un segundo término las reales y urgentes
necesidades de la población: educación, salud, seguridad ciudadana, empleo,
abastecimiento, etc.
Nuestro país desde hace más de
tres años viene atravesando por un periodo de inestabilidad política, en gran
medida debido a la permanente confrontación y obstrucción del partido Fuerza
Popular, el cual a pesar de la disolución del Congreso el 30 de Septiembre
pasado sigue actuando lesivamente a los intereses de la población peruana a
través de quienes se encuentran en la Comisión
Permanente y a los numerosos sicarios informáticos que actúan bajo el
anonimato o usando identidades falsas en las diversas rede sociales que
existen. Por lo cual, es imperativo que el gobierno implemente medidas de
seguimiento, captura y sanción de quienes sólo se dedican a enlodar propuestas,
gestiones y obras públicas que de seguro adolecen de observaciones,
dificultades y limitaciones que son posibles de subsanar gracias a una oportuna
labor de administración pública y no mediante acciones dilatorias,
controversiales e ilegales que en la mayoría de casos sólo consiguen paralizar
las obras y condenarlas al injustificado abandono, con lo cual se tiran al
botadero millones de dólares que muy bien podrían ser usados para favorecer a
los peruanos, especialmente a quienes claman por contar con servicios de
calidad en: educación, salud, trabajo, justicia, etc.
Finalmente, el 26 de Enero
tendremos elecciones para elegir a los congresistas que legislarán hasta el año
2021, pero que tendrán la delicada labor de legislar en temas tan importantes
como la reforma de la justicia, reforma política y otros temas que sin duda
alguna requieren atención urgente para ir sentando las bases para las
elecciones generales del 2021, año en el que cumpliremos el bicentenario de la
república, donde se esperan cambios más que interesantes para nuestra patria y
para cada uno de los ciudadanos.
Ricardo Rivas Pizarro.
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