El 27 de diciembre del 2008, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Supremo N° 024-2008-DE declarando de necesidad pública la inversión privada en actividades mineras a favor de la empresa Xiamen Zijin Tongguan Invesment and Development Co. Ltd. que ahora se encuentra facultada de adquirir concesiones y derechos mineros, además de recursos complementarios dentro de los 50 kilómetros de la zona de frontera. Frente a lo cual de forma inmediata juristas y constitucionalistas expresaron sus observaciones en el sentido de que el referido Decreto Supremo debe contar con la aprobación del Congreso de la República, además de comprobarse que las actividades a desarrollarse en la zona serán de provecho para las poblaciones afectadas, más aún si tomamos en consideración que se trata de actividades extractivas que evidentemente perjudicarán a los ecosistemas y poblaciones existentes.
El Gobierno olvida que su principal tarea es gobernar para el pueblo que lo elegió democráticamente además de olvidar el pronunciamiento de los pueblos de la Sierra de Piura a través de una Consulta Vecinal que dejó en claro el rotundo rechazo a las actividades mineras, tema que ya abordé en un artículo anterior.
Las acciones que se tomarán en torno al Decreto Supremo en los pueblos de la Sierra de Piura se harán sentir reiteradamente hasta conseguir que el Ejecutivo establezca el diálogo conducente a la solución del entrampamiento jurídico-legal que ahora tenemos.
Ricardo Rivas Pizarro.
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