Un paso atrás momentáneo

El día de hoy el Congreso Peruano aprobó la derogatoria de los Decretos Legislativos 1015 y 1073, los mismos que posibilitaban la enajenación de las tierras de las comunidades con la finalidad de viabilizar la inversión privada en estas tierras. Para las personas de a pie, con seguridad, el tema porcentual y la calificación de los residentes en las comunidades no tiene mucho significado, pero debemos entender que para decidir la propiedad de las tierras por el voto de un 50% de los residentes con más de un año de residencia en las comunidades frente al voto del 65% de habitantes que no cumplan el requisito de residir un año en las comunidades, hay una diferencia sustantiva. De esta forma se pone fin momentáneamente al bloqueo de las carreteras por parte de los nativos de las zonas afectadas. Hace pocos días el Ministro del Medio Ambiente, Antonio Brack Egg estuvo nuevamente mediando para solucionar el problema suscitado a raiz del bloqueo de las carreteras, comprometiéndose a interceder ante el Ejecutivo para evaluar los referidos Decretos Legislativos, que también fueron aprobados vía delegación de facultades otorgadas al Poder Ejecutivo para la implementación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.

La derogatoria de estos decretos se posibiltó en medio de un encendido debate por parte de las diversas bancadas del Congreso, que pusieron en evidencia la defensa de algunos intereses e identificación de varios lobbystas del capital privado, situaciones que claramente irán en desmedro de las comunidades de nuestra amazonía. Conocido los resultados de la votación en el Congreso, el Premier Jorge del Castillo, salió a afirmar que la derogatoria de los citados Decretos Legislativos significarían un atraso para las comunidades aludidas, pero no es acaso un precepto constitucional el respeto y la protección que el Estado le debe a las comunidades indígenas y nativas. Entonces, tendremos que esperar las dos semanas que la Constitución prevé para que el Presidente de la República ratifique u observe la decisión adoptada por el Congreso. Por el curso de los acontecimientos resulta bastante complicado la observación, ya que de ser así, quedará expedita la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional, para que sea esta la instancia que finalmente decida la suerte de los cuestionados decretos, los mismos que de entrar en vigencia acabarán perjudicando a muchas comunidades nativas, que verán recortada su decisión de elegir las actividades a las que pueden dedicarse, pero sobretodo su elección a adquirir una propiedad que por derecho les corresponde. Poniéndose nuevamente en cuestión el rol del Ministerio del Medio Ambiente y la autonomía del que jurídicamente gozan las comunidades para decidir la suerte de sus tierras, por ser ellos los posesionarios ancestralmente determinados.

Ricardo Rivas Pizarro.