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CORRUPCIÓN E INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA

 Son dos expresiones que semánticamente son adversas, pero que lamentablemente en nuestro país durante muchos años se han convertido en una pareja indisoluble, al punto de no concebir a uno sin el otro, así:

Institucionalidad democrática.- Se refiere al conjunto de reglas que sirven para el ejercicio del poder público, que constituyen mecanismos de garantía y protección de los derechos de los ciudadanos. (1).

Corrupción.- Consiste en el abuso de poder para beneficio propio, aunque conocemos definiciones mucho más completas y a la vez profundas, que no son abordadas en esta ocasión por el propósito del presente artículo.

En las siguientes líneas procuraremos brindar una situación actual y preocupante de cómo se viene comportando los conceptos definidos inicialmente:

“Aun cuando constatamos que la corrupción es un fenómeno de carácter transnacional, sabemos también que tiene larga data y arraigo en nuestra historia patria. En el Perú, la corrupción no solamente denota una ausencia de sentido de nación, sino que progresivamente pone en riesgo la viabilidad del país. Sin lugar a dudas, la corrupción empobrece a la nación: la debilita en tanto proyecto y la empobrece materialmente haciendo más pobres a los pobres”. (2)

Lo expresado por la Iniciativa Nacional Anticorrupción sin duda alguna tiene muchísimo sentido, sin embargo, es necesario clarificar dos definiciones que solemos equipar o emplear indistintamente: Estado de Derecho con Institucionalidad democrática, el primero (Estado de Derecho), es un elemento consustancial a la institucionalidad, entre ambas existe una relación de género a especie, siendo el primero la especie, la cual se define como: “Un sistema de leyes ordenado en torno a la constitución, la cual es el fundamento jurídico de la actuación de las autoridades y funcionarios para que se sometan a la normas de esta”.

De igual forma, es bastante común confundir gobernabilidad democrática con institucionalidad. “La gobernabilidad es un proceso permanente de concertación entre el gobierno y la sociedad civil, para lograr acuerdos políticos – sociales en el marco de respeto de normas e instituciones reguladoras de las relaciones entre los individuos”. (3).

Por lo que es imposible imaginar un país que tenga gobernabilidad democrática, sin tener una institucionalidad sólida y eficaz; entre ambas categorías existe una relación indisoluble, a tal punto, que una determina la existencia de la otra, por lo que podemos inferir que si tenemos una institucionalidad precaria o débil, nuestra gobernabilidad será igualmente precaria, lo que llevará sin lugar a dudas, a una convivencia ciudadana revestida de inestabilidad e incertidumbre generalizada, tal como ocurrió hace pocos meses en nuestro país.

De acuerdo al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, la gobernabilidad es un factor del desarrollo humano y a la vez es una herramienta para crear un entorno adecuado para mejorar las condiciones de vida de las personas.

El PNUD considera que la reducción de la pobreza, es en gran medida, función de la calidad de las instituciones de los países y sus políticas, y que la democracia y el desarrollo sostenible, requieren de instituciones transparentes, con rendición de cuentas, funcionarios profesionales competentes y marcos reglamentarios de la vida económica y política abiertos y equitativos.

Siendo así, no sólo es importante contar con profesionales y funcionarios competentes en la administración pública, sino que además, estas personas tendrían que estar libres de cuestionamientos e intereses subalternos que terminen por ensombrecer su gestión, y es aquí donde me referiré al fenómeno de la corrupción que sigilosamente fue ingresando al aparato del Estado y ubicándose de manera estratégica en todos los niveles de gobierno para terminar haciendo difícil la gobernanza en pro de la población.

Cada año egresan miles de profesionales de las diversas universidades públicas y privadas, pero como suele suceder, ingresan a la administración pública por regla general, sólo los recomendados o quienes tuvieron el aval de un funcionario público de trascendencia, quien precisamente incurrió en corrupción para conseguir que su recomendado (a) ingrese a la administración pública, sin evaluar siquiera sus competencias e idoneidad para el puesto ofertado, con lo que la aspiración de tener instituciones sólidas y eficientes, no pasa de ser una mera aspiración y si nos referimos a la ejecución de obras públicas, debemos señalar que, desde el proceso de licitación hasta la adjudicación, observamos con preocupación, estupor e indignación la forma como se desarrollan estos procesos, en los cuales a priori se van estableciendo quienes obtendrán la buena pro de las obras y a qué costos. De igual forma, cuando uno solicita una entrevista a un funcionario de alto nivel en el aparato del Estado, puede corroborar que la persona que lo atiende a uno, o carece de experiencia o sencillamente es un incompetente, haciendo que la meritocracia, sólo sea un criterio formal que se mantiene como un ideal y que lamentablemente no ha sido debidamente implementada en las instituciones del Estado.

 

Ricardo Rivas Pizarro

Jurista e investigador social

 

 

 

 

 

 

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(1) Portillo Cuadra René. Ley, derecho y jurisprudencia. Año 7 N° 11. Febrero del 2015.

(2) Un Perú sin corrupción. Iniciativa Nacional Anticorrupción. Revista Probidad. Edición N° 16. Octubre-Noviembre del 2001.

(3) http://es.wikipedia.org/wiki/gobernabilidad.4/12/14

 

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