Son dos expresiones que semánticamente son adversas, pero que lamentablemente en nuestro país durante muchos años se han convertido en una pareja indisoluble, al punto de no concebir a uno sin el otro, así:
Institucionalidad democrática.- Se refiere al conjunto de reglas
que sirven para el ejercicio del poder público, que constituyen mecanismos de
garantía y protección de los derechos de los ciudadanos. (1).
Corrupción.- Consiste en el abuso de poder para beneficio propio,
aunque conocemos definiciones mucho más completas y a la vez profundas, que no
son abordadas en esta ocasión por el propósito del presente artículo.
En las siguientes líneas
procuraremos brindar una situación actual y preocupante de cómo se viene
comportando los conceptos definidos inicialmente:
“Aun cuando constatamos que la
corrupción es un fenómeno de carácter transnacional, sabemos también que tiene
larga data y arraigo en nuestra historia patria. En el Perú, la corrupción no
solamente denota una ausencia de sentido de nación, sino que progresivamente
pone en riesgo la viabilidad del país. Sin lugar a dudas, la corrupción
empobrece a la nación: la debilita en tanto proyecto y la empobrece
materialmente haciendo más pobres a los pobres”. (2)
Lo expresado por la Iniciativa
Nacional Anticorrupción sin duda alguna tiene muchísimo sentido, sin embargo,
es necesario clarificar dos definiciones que solemos equipar o emplear
indistintamente: Estado de Derecho con Institucionalidad democrática, el primero
(Estado de Derecho), es un elemento consustancial a la institucionalidad, entre
ambas existe una relación de género a especie, siendo el primero la especie, la
cual se define como: “Un sistema de leyes ordenado en torno a la constitución,
la cual es el fundamento jurídico de la actuación de las autoridades y
funcionarios para que se sometan a la normas de esta”.
De igual forma, es bastante común
confundir gobernabilidad democrática con institucionalidad. “La gobernabilidad
es un proceso permanente de concertación entre el gobierno y la sociedad civil,
para lograr acuerdos políticos – sociales en el marco de respeto de normas e
instituciones reguladoras de las relaciones entre los individuos”. (3).
Por lo que es imposible imaginar
un país que tenga gobernabilidad democrática, sin tener una institucionalidad
sólida y eficaz; entre ambas categorías existe una relación indisoluble, a tal
punto, que una determina la existencia de la otra, por lo que podemos inferir
que si tenemos una institucionalidad precaria o débil, nuestra gobernabilidad
será igualmente precaria, lo que llevará sin lugar a dudas, a una convivencia
ciudadana revestida de inestabilidad e incertidumbre generalizada, tal como
ocurrió hace pocos meses en nuestro país.
De acuerdo al Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, la gobernabilidad es un factor del
desarrollo humano y a la vez es una herramienta para crear un entorno adecuado
para mejorar las condiciones de vida de las personas.
El PNUD considera que la
reducción de la pobreza, es en gran medida, función de la calidad de las
instituciones de los países y sus políticas, y que la democracia y el
desarrollo sostenible, requieren de instituciones transparentes, con rendición
de cuentas, funcionarios profesionales competentes y marcos reglamentarios de
la vida económica y política abiertos y equitativos.
Siendo así, no sólo es importante
contar con profesionales y funcionarios competentes en la administración
pública, sino que además, estas personas tendrían que estar libres de cuestionamientos
e intereses subalternos que terminen por ensombrecer su gestión, y es aquí
donde me referiré al fenómeno de la corrupción que sigilosamente fue ingresando
al aparato del Estado y ubicándose de manera estratégica en todos los niveles
de gobierno para terminar haciendo difícil la gobernanza en pro de la
población.
Cada año egresan miles de
profesionales de las diversas universidades públicas y privadas, pero como
suele suceder, ingresan a la administración pública por regla general, sólo los
recomendados o quienes tuvieron el aval de un funcionario público de
trascendencia, quien precisamente incurrió en corrupción para conseguir que su
recomendado (a) ingrese a la administración pública, sin evaluar siquiera sus
competencias e idoneidad para el puesto ofertado, con lo que la aspiración de
tener instituciones sólidas y eficientes, no pasa de ser una mera aspiración y
si nos referimos a la ejecución de obras públicas, debemos señalar que, desde
el proceso de licitación hasta la adjudicación, observamos con preocupación, estupor
e indignación la forma como se desarrollan estos procesos, en los cuales a
priori se van estableciendo quienes obtendrán la buena pro de las obras y a qué
costos. De igual forma, cuando uno solicita una entrevista a un funcionario de
alto nivel en el aparato del Estado, puede corroborar que la persona que lo
atiende a uno, o carece de experiencia o sencillamente es un incompetente,
haciendo que la meritocracia, sólo sea un criterio formal que se mantiene como
un ideal y que lamentablemente no ha sido debidamente implementada en las
instituciones del Estado.
Ricardo Rivas Pizarro
Jurista e
investigador social
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(1) Portillo
Cuadra René. Ley, derecho y jurisprudencia. Año 7 N° 11. Febrero del 2015.
(2) Un Perú
sin corrupción. Iniciativa Nacional Anticorrupción. Revista Probidad. Edición
N° 16. Octubre-Noviembre del 2001.
(3) http://es.wikipedia.org/wiki/gobernabilidad.4/12/14